¿Es saludable que el Estado tenga una participación en los directorios de las empresas donde el sector público posee una parte del capital social?

Fue noticia destacada en La Nación, Clarín y Página 12 la intención del gobierno de habilitar la designación de representantes del Estado en los directorios de aquellas empresas en las cuales el sector público posee una parte del capital social.

Título en primera página de Clarín:

"La CGT pide entrar en directorios de empresas privadas."

La Nación:

"Duro rechazo empresario al avance del gobierno en las compañías."

Página 12:

 "El establishment representado en la UIA y la AEA rechazó que el Estado participe en los directorios de las empresas en la proporción a que lo habilitan las acciones en su poder."

La conveniencia o no de la participación del Estado, en un porcentaje reducido en las empresas, es evidentemente una cuestión que despierta pasiones encontradas, según la ideología o los intereses de cada parte. Para entender un poco mejor lo que cada postura oculta, proponemos aquí cuatro preguntas:

1) ¿Cuál ha de ser el rol del Estado en la economía? ¿Cuales deben ser las funciones del Estado en la sociedad y cuáles sus características?

2) ¿Es legítimo que el Estado tenga control sobre las actividades especulativas del sector privado, sobre la inversión del capital o sobre el uso de los recursos?

3) ¿Debe el Estado limitar su rol a la administración de los servicios de gobierno y la provisión de seguridad?

4) ¿Ha de ser una procupación del Estado que empresas multinacionales organizen una monopolización de un sector de actividad económica en el país, o que las tierras pasen a manos de grupos económicos de otros países?