Del bombardeo de Plaza de Mayo al Congreso nacional...

 

“¿Hasta cuándo, hasta dónde?” se  interrogaron  los argentinos a raíz del conflicto agrario, que durante los últimos cien días ha entrampado a gobernantes y ruralistas.

 

En oficinas, bancos, financieras, fábricas, cafés, estaciones de radio y televisión, canchas de futbal y reuniones de amigos la inquietud sobre la situación levantaban de sus tumbas fantasmas del pasado, de luchas entre unitarios y federales, peronistas y anti-peronistas, izquierdistas y izquierdistas, neo-liberales y reformistas, defensores de las dictaduras militares y civiles…

 

“¿Habrá algún tipo de golpe?”   “¿Y el dólar?” “¿Es una lucha justa contra una medida injusta o una cortina de humo que esconde una sórdida lucha política?”

 

Los grandes empresarios del campo, especialmente los vinculados al cultivo de soja—un producto dominado por empresas multi-nacionales—entendían que el decreto firmado el 10 de marzo, incluso con sus posteriores modificaciones a favor de los pequeños productores, iba a quitar gran parte del muy buen negocio que representa la exportación de granos, en un momento cuando mundialmente los precios se acercan al cielo.

 

Entonces, durante tres meses las rutas del país fueron bloqueadas por los ruralistas, la exportación de granos bajó dramáticamente y en las ciudades se palpó el conflicto mediante la falta de mercadería en las góndolas y supermercados.

 

Ayer, cuando el aire político parecía llegar a un límite de intolerancia, la presidenta trasladó el tema al Parlamento--simbolicamente durante un acto recordando a las víctimas del bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955 por militares anti-peronistas--con estas palabras:

 

“La democracia se defiende con más democracia y las instituciones se defienden con más instituciones.” Luego: “aquellos ciudadanos que están en desacuerdo con esas políticas (de los poderes institucionales), porque creen afectados sus intereses, pueden recurrir a la Justicia, pero si además quieren cambiar el modelo económico de país lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas.”

 

También llamó la atención su crítica al trato diferente que la justicia da al ciudadano común que protesta y los grandes señores:

 

“Me acordaba hace días de algún militante social que por pedir comida en un supermercado o cortar una calle, fue condenado y cumplió cárcel. Dos años en Batán. Con los jueces de la Constitución y las leyes de la Constitución. También me acuerdo de vendedores ambulantes o travestís en la puerta de la Legislatura porteña. Un año presos. Me gustaría también la misma Justicia para cuando un estanciero corta la ruta o desabastece, o no deja pasar combustible.”

 

Claro, los voceros de la “Mesa de Enlace” de las entidades rurales, como también políticos de la oposición preguntaban por qué se tuvo que aguantar cien días de conflicto para pasar el asunto al Congreso.

 

“Esto del Congreso me parece muy bien,” dijo Alfredo De Angeli, estridente voz de la Federación Agraria de Entre Ríos, “porque las instituciones del país se ponen a la altura de las circunstancias.” Pero luego lanzó un dardo sobre la lucha que ahora tomará lugar en el Parlamento. “Vamos a ver si responden al mandato del pueblo o si están pintados,” dijo en referencia a la tarea de los deputados y senadores. Por su parte, Margarita Stolbizer, de la Coalición Cívica de Lolita Carrió, descargó: “Me parece que la Presidenta reconoce el pecado original. Aunque sea con 90 días de demora, hay un retroceso en la estrategia del Gobierno, que es un triunfo de la movilización social.”

 

El gobierno intenta con las retenciones lograr una mejora en la distribución de la riqueza e incluyó en el proyecto de ley que envió al Congreso un Fondo de Redistribución Social cuyo objetivo es financiar la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de hospitales públicos y centros de atención primaria de la salud; la construcción de viviendas populares; y la construcción y reparación de caminos rurales. (Cabe preguntar por qué el fondo no apunta también a la educación...)

 

Intelectuales y políticos progresistas que acompañan críticamente al gobierno señalan sin embargo que el gobierno carece de un plan global de desarrollo o de reforma agraria y entre tanto plantea proyectos de lujo—como el tren bala que uniría Buenos Aires con la ciudad de Rosario cuando los servicios de los trenes comunes de pasajeros están al borde del colapso.

 

En el Congreso el oficialismo tiene ahora los votos suficientes para que la política de retenciones sea aprobada, pero en el proceso es muy probable que se abran varias fisuras no sólo en las filas del Peronismo, sino también en los múltiples grupos que integran la oposición.

 

         Al igual que el expresidente Néstor Kirschner, la presidenta busca aglutinar un polo progresista alrededor de temas como la defensa de los derechos humanos y políticas que apuntan a una mejor distribución de la riqueza—sin llegar a una abierta lucha de clases o un régimen socialista.

 

         No ha habido en Argentina una reforma agraria, aunque bajo el gobierno de Juan Domingo Perón los peones y trabajadores rurales fueron beneficiados por diferentes medidas sociales.

 

      Tampoco hay ahora una clara política relacionada con el uso de la tierra: Son muchas las denuncias que han presentado últimamente organizaciones representando a los pueblos originarios, por ejemplo, reclamando contra la deforestación de sus tierras para la plantación de soja o otras cosechas de gran rendimiento en el mercado internacional.