La justicia, la tortura y el General Luciano Benjamín Menéndez

 

Uno de los máximos exponentes en Argentina de la tortura como instrumento útil en la lucha contrainsurgente, el ex General Luciano Benjamín Menéndez, podrá volver una y otra vez sobre sus teorías, hasta el día de su muerte, en una cárcel común.

Antes de la sentencia leída por el Tribunal Oral Federal de Córdoba, el condenado logró decir a los jueces que “tenemos el dudoso mérito de ser el primer país en la historia que juzga a sus soldados victoriosos.” (Página 12, 25 de julio) 

Y defendió las acciones de la dictadura de la cual formó parte mencionando los decretos de Isabel Perón, la presidenta anterior a la toma de poder, que en su opinión “ordenaron el aniquilamiento de la subversión,” agregando que “los marxistas ensangrentaron al país y nosotros estamos siendo juzgados.”

La condena de la justicia responsabilizó al general con el secuestro, la tortura y el asesinato a fines de 1977 de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. 

Más allá de la condena de Menéndez, lo que llama la atención es un concepto que subyace en el pensamiento de los dictadores anticomunistas de la época, e incluso ahora en el Pentágono: que la aplicación de abusos, maltratos y tortura contra los presos políticos son actos justificables ya que los subversivos pretendían “revolucionar nuestro modo de vida” para “asaltar el poder e instrumentar un régimen comunista” (Menéndez) o, en opinión de Washington, sirven para salvar las vidas de personas inocentes.

¿Hay realmente alguna circunstancia que puede justificar la tortura—en forma sistemática y cruel o más blando en el caso de la actual “guerra con el terrorismo?” ¿Puede un gobierno democrático emplear tales tácticas sin subvertir sus propios valores esenciales? ¿Es confiable la tortura como método de conseguir datos útiles en la lucha contra el enemigo?